Incertidumbre en el INTA ante cambios en la estructura

El gremio APINTA, que representa al personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), expresó su preocupación por los recientes cambios en la estructura de la institución, que podrían poner en riesgo cientos de puestos laborales en la provincia. Juan Agüero, titular del gremio, compartió con Multimedio UNLaR los detalles sobre la situación actual y las acciones que están llevando a cabo para salvaguardar la continuidad de los trabajadores y la autonomía de la entidad.
Agüero explicó que la reestructuración, impulsada por el decreto 462, modificó la gobernanza del INTA, eliminando su carácter de institución con autonomía política y otorgando al presidente de la entidad poderes absolutos para tomar decisiones sobre su funcionamiento y personal. Este cambio, según el gremialista, pone en jaque la independencia que durante casi 70 años permitió al INTA mantenerse cerca de las necesidades del territorio y de los productores, tanto a nivel nacional como local.
El decreto también anuncia la posible supresión del sistema de extensión, lo que afecta directamente a unos 1.500 trabajadores en todo el país, incluyendo a los que trabajan en las estaciones experimentales de Chamical y Chilecito, en La Rioja. En estas unidades, hay un total de 109 trabajadores, entre personal de planta, transitorios y becarios, de los cuales más del 40% se encuentran en situación de inestabilidad laboral.
Actualmente, las tareas en las estaciones continúan, aunque con dificultades. Agüero destacó que, si bien los trabajos de investigación y extensión siguen en marcha, las actividades administrativas se han paralizado en gran medida debido a la pérdida de personalidad jurídica del INTA, que dejó de ser un ente legal, lo que ha provocado retrasos en pagos y compromisos financieros.
La situación de los becarios y contratos temporales también preocupa al gremio. En La Rioja, donde la dotación de personal transitorio es particularmente alta, un 30% de los trabajadores en la provincia están en esta condición, y su continuidad también está en riesgo ante los cambios estructurales.
Frente a esta realidad, los trabajadores del INTA han decidido tomar medidas judiciales: ayer presentaron un amparo ante la justicia en procura de detener la aplicación del decreto 462. Además, varios proyectos de rechazo a la medida ya fueron presentados ante la Cámara de Diputados y el Senado, en busca de que esta normativa sea derogada.
Agüero puntualizó que esperan que el juez analice la medida cautelar en los próximos días y que las cámaras legislativas puedan continuar discutiendo y, eventualmente, rechazar el decreto, ya que considera que su implementación afecta no solo a la estructura institucional, sino también a la historia y el trabajo científico del país.
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