Provincial: Denuncia penal a falsos gestores de viviendas del estado.

Provincial: Denuncia penal a falsos gestores de viviendas del estado.

Dicha denuncia fue presentada por el actual ministro Ariel Puy Soria en contra de tres individuos a los cuales se les endilga haber solicitado a varias familias sumas de dinero a cambio de gestionar una unidad habitacional en el ente, algo prohibido.

El Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social informó que se presentó “una denuncia penal por los presuntos delitos de asociación ilícita y estafa” en contra de José Valentín Llanos; Mario Maldonado y Daniela Barros, quienes a entender del organismo público “perjudicaron a más de 10 familias presentándose como gestores del área de Vivienda y pidiendo sumas de dinero que oscilaban en los 180 mil pesos para influenciar en la adjudicación de viviendas a su favor” se indicó oficialmente.

Vivienda sostiene en un comunicado que “Llanos ya cumplía condena por un delito similar, por el que debería estar cumpliendo condena, pese a lo cual actuaba libremente, por lo que se pidió su inmediata detención”.

Al respecto, el ministro Ariel Puy Soria expresó tajantemente que “es un delito, tanto recibir dinero como pagar por gestiones para viviendas que son construidas por el Estado provincial” y puso en valor la férrea defensa de los intereses del Estado en favor de todos los riojanos, que lleva adelante el propio gobernador Ricardo Quintela.

La denuncia, que se presentó en la mañana de este martes, tiene su motivo en que las personas mencionadas habrían llevado a cabo maniobras delictivas que consistían en presentarse, ante sujetos particulares, “con poder suficiente para influir en la adjudicación de viviendas del Estado, para así lograr que una cantidad considerable de personas entreguen voluntariamente importantes sumas de dinero, a cambio de obtener facilidades en las adjudicaciones de viviendas”.
 
Estas maniobras defraudatorias habrían sido perpetradas por los denunciados, simulando ser gestores, dependientes y tener injerencia en el ámbito del Ministerio de Vivienda, en perjuicio de Claudio Cedo, Alejandra Vecchieti, Gladys Nicolasa Paredes y César Bazán y al menos otras 10 familias más, para lo que además se aportaron pruebas como videos tomados por las propias víctimas y otros elementos, donde quedan en evidencia estas maniobras. 

“Los supuestos estafadores pedían a sus víctimas la entrega de 180.000 pesos, que podían variar en más o menos, en forma previa y como requisito necesario para supuestamente influenciar en la adjudicación de viviendas a su favor, sin extender recibos de pago por dichas sumas y para cautivar la confianza de sus víctimas, los denunciados, en especial el José Valentín Llanos, firmaban pagarés por importantes sumas de dinero, en algunos casos por hasta 350.000 pesos, que eran entregados a los interesados en las viviendas, como supuesta garantía de fiabilidad y seguridad en el negocio”, indica el comunicado de Vivienda. 

Luego agrega que “de forma complementaria, para coronar su ardid, los denunciados habrían citado a sus víctimas a distintos barrios de nuestra ciudad donde el Estado construye viviendas sociales, en particular al Barrio Néstor Kirchner de la zona sur, para una vez estando allí, es decir in situ, indicarles cuáles serían las viviendas a adjudicar”.

“Los numerosos hechos de estafa a particulares, independientes entre sí, agrava la situación de los denunciados y al ser estos al menos tres personas que habrían tomado parte en las mencionadas estafas con viviendas, se puede considerar a los hechos como elementos típicamente constitutivos del delito de Asociación Ilicitica”, destaca el organismo provincial. 

Según Vivienda “esta organización criminal encontraría en la persona de José Llanos a su jefe u organizador, quien incluso registra como antecedentes condenas a una alta pena de prisión, en razón de hechos similares, por sentencia de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja”. 

Finalmente, el comunicado del organismos sostiene que “lo llamativo del caso es que José Llanos persiste en su raid delictivo, estando en libertad, o al menos trasladándose por la ciudad de La Rioja sin ningún inconveniente ni restricción, cuando por aquella condena debería estar purgando su pena en condiciones de encierro, lo que demuestra que existe un peligro real para la sociedad, por lo que se torna necesario neutralizar el mismo con su detención inmediata”.